La diligencia, que tuvo lugar de forma privada, "forma parte de un conjunto de acciones ejercidas por el CDE con el propósito de recuperar los recursos malversados por éste y sus colaboradores", señaló el organismo en un comunicado.
El ente presentó una demanda con el propósito de que los herederos de Pinochet sean condenados a pagar al Fisco alrededor de 16 millones de dólares, correspondientes al dinero que el dictador obtuvo ilícitamente. "Si bien no se acreditó que [sus herederos] hubieren tenido participación en los ilícitos, serían destinatarios de un provecho económico que fue fruto de una conducta delictual plenamente demostrada", sostuvo el CDE en su nota.
En 2018 la Corte Suprema puso término al caso Riggs tras acoger un recurso presentado por el CDE por el que la justicia condenó a tres colaboradores del general como autores del delito de malversación de caudales públicos y que posibilitó emprender una serie de acciones judiciales para recuperar los dineros defraudados.
"La sentencia decretó el comiso de los bienes que estaban a nombre del exgeneral o de alguna de sus sociedades, la mayoría offshore y con acciones al portador", indica el CDE. Sin embargo, según el ente, pese a dar por acreditado el monto total del perjuicio, que asciende a casi 18 millones de dólares, la Corte Suprema consideró que la pena accesoria de comiso solo podía recaer en aquella parte de los bienes que tuviera relación con la intervención de los condenados.
El tribunal también señaló que "existía evidencia probatoria más que suficiente" de que Pinochet "incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos" y, ante este escenario, "era posible razonablemente colegir" que los bienes podían considerarse como "los efectos o producto de la perpetración de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional", señala el CDE.
Leer la nota completa en Amambay News
