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El primero de los casos corresponde a María Agustina Galeano Cabrera, detenida el 15 de mayo por supuestamente exigir millonarias sumas de dinero a procesados para conseguirles medidas más benignas con fiscales y jueces de garantías.
De acuerdo a la denuncia, la mujer contactó con una persona procesada por inducción al suicidio y otros, a quien solicitó G. 80.000.000 a cambio de obtener la suspensión condicional del procedimiento, que significaría prácticamente la extinción del caso investigado.
El otro caso es por cobro de coima abierto al fiscal de Quiindy César Garay Azucas, que salpica a la jueza Adriana Pedretti y al fiscal Óscar Talavera, suspendidos y enjuiciados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El fiscal Garay había sido detenido el 27 de abril de este con la suma de G. 50 millones, que habría cobrado en concepto de coima.
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