En abril de este año la oficina de narcóticos de Estados Unidos afirmó en su informe anual que Paraguay sigue siendo un centro de lavado de dinero con recursos provenientes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas a través de entidades financieras no bancarias, es decir, principalmente a través de casas de cambio, situadas en Ciudad del Este y otras ciudades fronterizas. El Gobierno rechazó el informe, en vez de disponer medidas para combatir con mayor fuerza los delitos.
El lavado de dinero es la consecuencia de la abundancia de recursos económicos como resultado del narcotráfico, el contrabando de armas, cigarrillos y otros ilícitos. Los delincuentes necesitan invertir ese dinero, para lo cual este debe ser blanqueado, es decir, que pueda ingresar al sistema financiero con un origen justificado, sin cuestionamiento judicial.
Las instituciones bancarias y financieras y los funcionarios públicos que se niegan a ver las evidencias sobre el origen espurio transgreden la Ley 1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, más conocida como ley de lavado de dinero. Esta ley lleva 20 años de vigencia en Paraguay y relativamente pocos delincuentes caen en sus redes, ya que en 2015 fueron enjuiciadas 7 personas y solo tres en 2016. El informe norteamericano resalta como positivo que Tributación ejecutó órdenes de registro por uno de los mayores blanqueos de dinero de la...
Esta referencia tiene que ver con la intervención judicial del 10 de noviembre de 2016 a cargo de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José Dos Santos, quienes realizaron en Ciudad del Este y Asunción más de 20 allanamientos simultáneos por dos días en empresas que serían de maletín y se incautaron de documentos, equipos informáticos y facturaciones.
Los procedimientos respondieron a denuncias sobre sospechosas interconexiones de socios y representantes legales comunes de empresas, aparentemente con el fin de encubrir a los verdaderos dueños. Estas empresas tuvieron movimientos bancarios, consistentes en transferencias al exterior por un aproximado de US$ 1.200 millones.
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