Cada aniversario del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner debería servirnos para algo más que recordar una fecha del calendario. Debería obligarnos a mirar con atención el presente. Porque en Paraguay, las dictaduras no siempre regresan con botas ni discursos encendidos: avanzan cuando el poder empieza a sentirse incómodo con la Constitución. Durante 35 […]
Cada aniversario del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner debería servirnos para algo más que recordar una fecha del calendario. Debería obligarnos a mirar con atención el presente. Porque en Paraguay, las dictaduras no siempre regresan con botas ni discursos encendidos: avanzan cuando el poder empieza a sentirse incómodo con la Constitución.
Durante 35 años, el país vivió bajo un régimen donde la ley estaba al servicio del autoritarismo. No había debate real, no había controles y disentir tenía consecuencias. La Constitución de 1992 nació justamente para que eso no vuelva a ocurrir: para poner límites claros al poder y garantizar derechos que no dependen del gobierno de turno.
La denominada “ley garrote” es un ejemplo contundente. Una norma que vulnera derechos constitucionales básicos como la libertad de asociación, la libre expresión y la participación ciudadana, y que coloca a la organización social bajo sospecha permanente. Cuando el Estado empieza a ver a la ciudadanía organizada como una amenaza y no como un pilar democrático, la democracia comienza a debilitarse.
No es una apreciación aislada. La Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay advirtió que la mayoría oficialista en el Congreso viene adoptando decisiones que violan preceptos constitucionales, imponiendo marcos normativos sin el debate serio que exige una república. Cuando el Parlamento renuncia a deliberar y se limita a obedecer mayorías circunstanciales, la representación popular se vacía de contenido.
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