El derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad fueron los principales reclamos de las mujeres desde comienzos del siglo XX. En cuanto a las mejores condiciones de trabajo, Paraguay todavía debe ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, por el cual reconoce el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso por razones de género. En plena semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Diputados eliminó el concepto género de la denominación de su comisión de Equidad Social y Género, con argumentos biologicistas que niegan el género como categoría de análisis científico de las desigualdades que sufren las mujeres y diversidades. Pero no es una sorpresa, sigue vigente la Resolución Riera del 2017 que prohíbe la difusión de materiales sobre teoría de género en instituciones educativas, una decisión que influyó en el dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, (Cedaw) que advirtió ese mismo año una regresión en la promoción de la igualdad de género.
El derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad fueron los principales reclamos de las mujeres desde comienzos del siglo XX. Aunque claramente se observan avances, hay una persistente amenaza de estancamiento en la progresividad en derechos y hasta regresiones. Si bien el voto femenino está vigente en Paraguay desde 1961, el acceso a cargos electivos es todavía una deuda. Las mujeres que finalmente logran llegar al Congreso, si no se alinean a la línea conservadora y patriarcal, deben enfrentar a un muro de hombres que actúan con violencia e impunidad.
Como le ocurrió a Kattya González, quien si bien no responde a una agenda realmente progresista, igualmente causó el enojo de un sector ultraconservador que responde intereses de un poder económico que, contrariamente a debilitarse por presiones externas, tiende a fortalecerse internamente, de manera de formar un caparazón.
En cuanto a las mejores condiciones de trabajo, Paraguay todavía debe ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, por el cual reconoce el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso por razones de género. Internamente, existen otras herramientas jurídicas, empezando por la Constitución Nacional, pero además está la Resolución N° 388 del Ministerio de Trabajo, que crea la oficina de atención para casos de violencia, mobbing y acoso sexual, además de obligatoriedad de las empresas de contar con un protocolo de actuación ante las denuncias. Sin...
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