En las estadísticas legislativas, el 5282/14 sería parte de una fría sucesión de números en los registros de leyes promulgadas. De hecho, muchas instituciones públicas, incluido el propio Poder Legislativo, estarían muy cómodas si la menor cantidad de ciudadanos se enterara de que se trata de la “Ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. La misma entró en vigencia el 17 de setiembre de 2015, tras un año de suspensión para su correspondiente reglamentación.
En Paraguay, un país caracterizado por el oscurantismo informativo de parte de los entes del Estado, esta ley representa un arma poderosa para una revolución ciudadana y, en consecuencia, una amenaza para los caciques que usan y abusan del dinero de los contribuyentes.
Erróneamente, se cree que esta ley es únicamente para el uso de publicaciones periodísticas; es para todos. Sin embargo, no se aprovecha todo su potencial, tal vez por el escaso tiempo que lleva vigente o por desconocimiento de quienes pueden utilizarla y, por sobre todo, porque la mayoría de las instituciones no tiene la genuina voluntad de cumplirla.
Pero por qué es importante para el ciudadano común acceder a informaciones que en apariencia se circunscriben el mundo burocrático. La respuesta, repetida cientos de veces antes, durante y después de la promulgación de la ley, fue y es la necesidad de crear conciencia en la ciudadanía de que el Estado tiene información que le pueden y le deben mejorar la calidad de vida.
A saber, con esta herramienta podemos enterarnos por ejemplo del stock de medicamentos en los hospitales públicos, del ranking de instituciones educativas, imágenes satelitales de la deforestación, datos sobre calidad del agua, sistema de transporte, etcétera. Además de la detección de escandalosas planillas con niñeras, fotógrafos, jardineros, ordenanzas y fotocopiadores de oro.
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