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31M: Proceso judicial del caso - Nacionales - ABC Color

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A cuatro años del asesinato de Rodrigo Quintana en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), las chicanas planteadas por la querella adhesiva de Leticia Redes, exesposa de la víctima, impiden la sustanciación de la audiencia preliminar en que el Juzgado de Garantías debe resolver si el suboficial ayudante Gustavo Adolfo Florentín Silva (27) enfrentará juicio oral y público por el crimen.

El 27 de octubre del año pasado fue la última vez que se intentó realizar la audiencia preliminar del caso. La diligencia se suspendió, por quinta ocasión, a pedido de la abogada Fátima Alonso, defensora del oficial Guido Amarilla, quien argumentó que tenía un juicio oral en la ciudad de Luque. También el fiscal Giovanni Grisetti –designado tras la recusación a la fiscala del caso– pidió la suspensión de la audiencia porque coincidía con otro juicio oral por homicidio.

La acusación presentada el martes 2 de abril de 2018 por los entonces agentes fiscales Teresa Rojas, Hernán Galeano, Marlene González y Clara Ruiz Díaz señala que en la investigación “quedó acreditado que Florentín ingresó a la sede del PLRA tras una persecución realizada por agentes de la Policía Nacional (entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017) a varios integrantes de una turba que realizaron actos violentos en las inmediaciones del diario ABC Color, quienes al ser perseguidos ingresan a la sede del PLRA”.

Con esta hipótesis, el Ministerio Público justifica el ingreso ilegal y sin orden judicial al local de la nucleación política, con la excusa de la persecución de los manifestantes.

La Fiscalía indica también que, el 5 de abril del 2017, el jefe de la Agrupación de Seguridad de la Policía Nacional (aunque no dice nombre, se trata del comisario Julio Melgarejo) dijo que en los procedimientos del 31 de marzo y 1 de abril, Florentín no estaba al mando de ningún efectivo de mayor rango, pues no podía salir del cuartel (Comandancia de la Policía) por estar con una medida cautelar de arresto domiciliario.

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