Lo que en principio se trató como un caso de supuesto planillerismo con la usurpación de rubros docentes en manos de políticos electos de todo el país, ahora se toma como “inconsistencia en la ubicación laboral”.
“Son casos de funcionarios cuya asistencia en su lugar de trabajo está en duda y vamos a verificar caso por caso, tenemos toda la información y si corresponde, se hará la denuncia a la Fiscalía y hacer los sumarios internos. También se tienen individualizados los montos que percibieron desde el mes de enero”, explicó el director de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la cartera estatal, José Casañas Levi.
Por otro lado, de los 1.200 presuntos planilleros, ahora se investigarán 584 casos. “También veremos los que nos llegan todos los días desde todas partes”, agregó el abogado.
Mientras, sectores políticos y referentes del movimiento Honor Colorado, con el ex ministro de Educación Enrique Riera a la cabeza, critican el operativo del ministerio. Precisamente durante la administración de Riera llovieron denuncias de supuesto uso de rubros docentes con fines político partidarios.
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