Hace dos décadas que las escuelas en Paraguay no reciben el mantenimiento necesario para ofrecer condiciones dignas a nuestros niños. Este hecho fue señalado por el propio ministro de Educación, Luis Ramírez, y es el reflejo del estado lamentable de la infraestructura educativa en el país. Pero ante semejante desidia solamente surge una pregunta: ¿qué […]
Hace dos décadas que las escuelas en Paraguay no reciben el mantenimiento necesario para ofrecer condiciones dignas a nuestros niños. Este hecho fue señalado por el propio ministro de Educación, Luis Ramírez, y es el reflejo del estado lamentable de la infraestructura educativa en el país. Pero ante semejante desidia solamente surge una pregunta: ¿qué pasó con los fondos destinados a solucionar este problema?
Desde 2013, los intendentes y gobernadores han recibido recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) específicamente para la construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. La Ley que creó estos fondos es clara: el 50% de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales debían ser destinado a proyectos de infraestructura en educación. Sin embargo, una década después, nos encontramos con escuelas en ruinas y un clamor desesperado por mejoras que nunca llegaron.
El ministro Ramírez, en un esfuerzo por cambiar esta realidad, solicitó una ampliación presupuestaria para reparar 1.000 escuelas. Según sus palabras, el plan ya está diseñado junto a los directores de las áreas correspondientes, y solo falta la asignación de los fondos necesarios. “Estamos desarrollando con los directores de 1.000 instituciones un programa de reparación. Eso ya tenemos planificado y todo depende de los fondos que nos puedan proveer”, señaló.
Ante la Cámara de Diputados, Ramírez expuso la urgencia de abordar la crisis de infraestructura educativa, proponiendo una solución directa: desembolsar dinero a los directores de escuelas para que ellos mismos gestionen las reparaciones, evitando así los largos procesos de licitación que podrían retrasar las obras hasta por tres años.
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