La justicia ordinaria de Argentina dio un nuevo ejemplo en materia de derechos humanos al condenar con castigos ejemplares, en estos días, aunque luego de cuarenta años, a los responsables de los asesinatos conocidos como “los vuelos de la muerte”. A pesar de todas las pruebas y testimonios, los criminales siguen proclamando sus razones: “nunca vamos a arrepentirnos por salvar a la patria”.
Los casos de 789 víctimas tuvieron cinco años de tribunales en el megajuicio conocido como el mayor proceso de la historia argentina. Por primera vez los jueces condenaron a 54 de los imputados a cadena perpetua por crímenes múltiples, como asesinato, tortura y secuestro. Ahí estaban, en el juicio, los otrora temibles criminales Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Daniel Arru, D’Agostino, Di Paola, Gonzalo Torres y otros condenados por su responsabilidad material en los vuelos de la muerte, denominados así por el hecho de haber arrojado al mar a los prisioneros políticos.
Cuenta la crónica que en una planta de arriba del edificio, sede del juicio, estaban los familiares de los militares, quienes aplaudían y lanzaban vítores mientras que abajo, las familias de las víctimas gritaban asesinos y cantaban: “como a los nazis/ les va a pasar/ adonde vayan/ los iremos a buscar”.
Con este juicio, Argentina se pone nuevamente al frente de los países con firmeza judicial para enfrentar los siempre complicados casos de atropellos a los derechos de las personas, que gracias a la firme acción y postura de la sociedad civil no cae en lo que aquí conocemos como el oparei (impunidad).
Ya en los años 80, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina se erigió en modelo mundial de castigo a los violares de derechos humanos con la actuación admirable del fiscal Julio César Strassera, a quien cupo investigar e incriminar a los miembros de la poderosa Junta Militar, que sojuzgó al país con un régimen de terror. Pasó luego por períodos de indultos e impunidad para luego volver a los juicios de lesa humanidad con las condenas por el Plan Cóndor y por la apropiación ilegítima de niños, hijos de víctimas de la dictadura.
Leer la nota completa en Diario ABC
