La Justicia Electoral es el último bastión de credibilidad institucional restante. Casi no hay cuestionamientos mayores en las elecciones por ella organizadas. Pero desde sus inicios, en 1995, sufrió el acoso de quienes no quieren ni padrón limpio ni comicios transparentes. Ese acoso, al parecer, no cesa.
Una tarea importante en los primeros años de la transición fue organizar una Justicia Electoral eficiente. Hasta entonces, para las “elecciones” regía la Junta Electoral Central, prácticamente una dependencia más de la ANR.
La ley 635 de 1995 reglamentó la Justicia Electoral contemplada en la Sección V de la Constitución Nacional. Lo primero fue elaborar un padrón real, confiable, que hiciera respetar al voto popular. La inscripción de los electores en todo el país fue un trabajo ciclópeo que se inició sin los recursos económicos necesarios.
Hubo momentos heroicos y hasta peligrosos por los que pasaron quienes se propusieron brindarle al Paraguay una Justicia Electoral moderna, debido a sectores que se oponían terminantemente a su estructuración y a la elaboración de un padrón genuino. Incluso llegó a haber insinuaciones de violencia y situaciones que pusieron en riesgo a nuestra incipiente transición.
Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no proveyó de fondos a la Justicia Electoral para la inscripción ciudadana con miras al nuevo padrón, en un abierto boicot que buscaba impedir su funcionamiento.
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