Saraí Coscojuela Caracas, 1 abr (EFE).- La atención, prevención y sanción del acoso escolar contará próximamente con una ley, si prospera la propuesta que el fiscal general, Tarek William Saab, presentará al Parlamento, y que según ONG dedicadas a los derechos de los niños, es un primer paso, pero insuficiente sin el desarrollo de políticas públicas y medidas administrativas que resuelvan la problemática.
"No solamente es una ley de principios; es una ley que también prevé una disposición general sancionatoria, porque tiene que penalizarse algo donde la persona que sufre acoso, finalmente, termina en tratamiento psiquiátrico o lamentablemente objeto de un atentando contra su propia vida", explicó Saab el pasado 22 de marzo.
El fiscal también pidió a los centros educativos del país, tanto públicos como privados, prestar "especial atención" en la prevención de "estos fenómenos", además de tomar acciones porque la responsabilidad penal "podría caer en su contra".
Pero el coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, considera que la penalización puede ser una consecuencia de un proceso no atendido y, por tanto, incompleto, ya que también sucede que los centros educativos acuden al Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente y no obtienen respuestas.
"¿Qué pasa cuando el centro educativo acude al Sistema de Protección y no tiene respuesta, donde en una escuela pública no hay orientador, no hay psicólogo? ¿Quién sanciona las omisiones?. Es importante esta realidad (y) ponerlo sobre la mesa, en función de lograr un plan que permita hacer freno a la situación del acoso escolar", explicó a Efe.
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