Oriunda de Santaní, una mujer denunció a una funcionaria judicial por supuesta usura. El fiscal pidió desestimar la causa, pero su superior se negó a cerrar la causa y ordenó hacer nuevas diligencias. De un crédito por G. 9 millones, le embargaron por G. 45 millones, denunció.
La Fiscalía tiene cuatro meses más para investigar un supuesto caso de la mafia de los pagarés en el que la víctima retiró G. 9 millones y le saltó una demanda de G. 45 millones. El fiscal Carlomagno Alvarenga solicitó que se desestime la causa, pero la Fiscalía Adjunta no acompañó el pedido y se pidió más tiempo para investigar.
Teresa Graciela Cabrera Ríos denunció un caso de usura que habría sucedido en el 2021, cuando recurrió a Liliana Felicita Ortega Denis, funcionaria del Poder Judicial en Santaní, ante una situación económica urgente y la delicada salud de su padre.
Hizo un préstamo de G. 9 millones y como garantía, entregó su tarjeta de cobro y firmó un pagaré en blanco, dijo.
Cabrera tuvo atrasos en el pago de su deuda y tuvo que sacar otro préstamo para pagar su deuda anterior. El nuevo crédito le gestionó la misma Liliana Ortega a través de su pareja, supuestamente.
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