(Por Diego Martín Verón de Ehreke Business Attorneys) En contrataciones públicas, formar un consorcio es una estrategia muy útil para sumar experiencia y capacidades y contar con mayores chances de resultar adjudicado.
Debido a los distintos tipos de bienes y servicios requeridos por las instituciones públicas, es comprensible que algunas veces los proveedores busquen alianzas jurídico-económicas entre dos o más partes.
En ciertas ocasiones, estas convenientes alianzas comerciales permiten mejorar lo que uno como proveedor podría ofrecer individualmente. Esta situación da lugar a una figura muy utilizada en contratos públicos, el “consorcio”.
En el ámbito de las contrataciones públicas, un consorcio es una unión circunstancial entre dos o más personas (físicas o jurídicas, es decir, entre particulares y/o empresas), nacionales o extranjeras, para proveer un bien o servicio al Estado en el marco de un procedimiento de contratación específico.
Es decir, el consorcio no conlleva una fusión entre sus miembros ni crea una persona jurídica distinta a los mismos, y tampoco va más allá del procedimiento de contratación para el cual se acuerde su conformación particular, sino que es un contrato entre partes que permite a sus miembros ampliar sus capacidades para el cumplimiento cabal del contrato cuya adjudicación se pretende y finalizado ese proceso de contratación pública para el cual se conformó, cesa su existencia.
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