El Gobierno venezolano argumentó que la oficina de Naciones Unidas en la capital nacional ha “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo, lo que ha justificado su suspensión.
Venezuela suspendió las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de “bufete particular” de “golpistas y terroristas”.
El canciller Yvan Gil anunció ante la prensa esta decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.
El anuncio sigue a la “profunda preocupación” que expresó el Alto Comisionado por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de “terrorismo”.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo Gil.
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