CARACAS - VENEZUELA La plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, aprobó ayer en su Ley contra el Odio castigar con su clausura a aquellos medios que transmitan mensajes que incurran en los delitos contemplados en dicho texto. La ley aprobada es un encargo personal del presidente, Nicolás Maduro, a la Constituyente para acabar con los supuestos mensajes "de odio" social, racial y político que según el oficialismo provocaron la ola de protestas contra el Gobierno que vivió el país entre abril y agosto de este año, que dejó 120 muertos.
CARACAS - VENEZUELA La plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, aprobó ayer en su Ley contra el Odio castigar con su clausura a aquellos medios que transmitan mensajes que incurran en los delitos contemplados en dicho texto.
"El prestador de servicios de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza será sancionado con la revocatoria de la concesión", según se lee en uno de los artículos de la ley aprobada. El texto establece, además, multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes "de odio", así como sanciones de hasta el 4% de sus ingresos fiscales brutos a aquellos dueños de medios que se...
Los citados medios, públicos o privados, deberán reservar a estos "mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco" un mínimo de 30 minutos de su programación semanal. La ley aprobada es un encargo personal del presidente, Nicolás Maduro, a la Constituyente para acabar con los supuestos mensajes "de odio" social, racial y político que según el oficialismo provocaron la ola de protestas contra el Gobierno que vivió el país entre abril y agosto de este año, que dejó 120 muertos.
contra partidos. La Constituyente aprobó ayer inhabilitar a los partidos y organizaciones políticas que promuevan el "odio" en el país, prohibiéndole, de esta manera, participar en elecciones en caso de que incurran en delitos de intolerancia y "fascismo".
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