Las nuevas autoridades de la Cámara Baja no quieren individualizar a los que tienen asignado el uso de rodados oficiales. Algunos estarían usando desde hace años. Crimen y accidente desnudaron descontrol.
Esto se evidenció tras el asesinato, a principio de semana, del candidato concejal liberal Carlos Sosa en Concepción, quien tenía en su poder una camioneta propiedad de la Cámara Baja y que estaba destinada a la diputada Mirta Ramona Mendoza. Asimismo, el domingo se produjo el vuelco de otro vehículo oficial de Diputados, conducido por el diputado Víctor Ríos, también del PLRA. La primera argumentó el traslado de un enfermo y Ríos que pidió prestada una la camioneta porque la suya se le descompuso.
La prioridad para el uso del parque automotor recae sobre los miembros de la mesa directiva y los líderes de bancadas, pero se nota un descontrol. Los legisladores dejan los vehículos a cargo de sus allegados y muchos de ellos, a su vez, hacen un uso particular de estos bienes públicos.
Pese a las solicitudes, tanto al área de administración de Diputados y a su dirección de patrimonio, la Cámara Baja presidida por el diputado Pedro Alliana aún guarda la información sobre quiénes son los diputados que hoy cuentan con vehículos oficiales.
El patrimonio de la Cámara Baja reporta 37 vehículos. Siete de ellos se encuentran en desuso y deben ser rematados y solo tres se encuentran en el parque céntrico que tiene la institución.
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