En el pleito judicial contra la empresa TDP S.A de propiedad de Juan Carlos Wasmosy, la fiscala Gonzalez presenta pruebas como el caso de un decreto 1860/21 que fue usado por la empresa para evitar el pago de 52 mil millones de guaraníes o más de 7 millones de dólares al fisco. Esta alta suma […]
En el pleito judicial contra la empresa TDP S.A de propiedad de Juan Carlos Wasmosy, la fiscala Gonzalez presenta pruebas como el caso de un decreto 1860/21 que fue usado por la empresa para evitar el pago de 52 mil millones de guaraníes o más de 7 millones de dólares al fisco.
Esta alta suma dejó de percibir por aportes establecidos en la ley sostenidos en un documento que se declara como perdido. El decreto, que nadie conoce ni encuentra en la numeración correlativa, tuvo que haber existido para que la empresa concesionaria de la quiniela la usara para evadir el pago de un tributo que le reclama ahora la Secretaría de Estado de Tributación.
Ese monto entre otras cosas debería servir para el pago a los ex combatientes de la guerra del Chaco. Lo que parece ser una cuestión de pillería criolla sin embargo tiene un impacto enorme en un Estado que reconoce grandes déficits en su manejo presupuestario al tiempo de demostrar el manejo desprolijo y corrupto de los documentos del Estado.
El decreto fantasma desaparecido de la Gaceta Oficial pero encontrado en una publicación privada que recoge los documentos oficiales sirvió para que la empresa TDP S.A fuera concesionada con la quiniela hasta diciembre de 2025. Sin embargo si se comprueba como lo arrima al juicio la Fiscala Gonzalez no solo debería serle cancelada la concesión, obligada a pagar todo lo adeudado y afrontar las sanciones penales a los autores y cómplices de este esquema delictivo que privó al Estado paraguayo de una suma considerable de ingresos.
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