El desolador estado en el que se encuentra el predio del Ministerio Público del Área X en Ciudad del Este es un símbolo inequívoco de la desidia y la falta de atención por parte de las autoridades pertinentes. Bajo la supuesta supervisión del fiscal adjunto Jorge Sosa, las instalaciones se desmoronan ante la mirada indiferente […]
El desolador estado en el que se encuentra el predio del Ministerio Público del Área X en Ciudad del Este es un símbolo inequívoco de la desidia y la falta de atención por parte de las autoridades pertinentes. Bajo la supuesta supervisión del fiscal adjunto Jorge Sosa, las instalaciones se desmoronan ante la mirada indiferente de aquellos que deberían garantizar su adecuado funcionamiento. Es una vergüenza que una institución tan crucial como la Fiscalía se vea sumida en tal estado de abandono.
Las deficiencias son abundantes y evidentes en cada rincón de la sede regional del Ministerio Público. Grietas, humedad y pintura descascarada son solo el comienzo de una lista interminable de problemas. Los sanitarios, lejos de cumplir su función básica, emiten olores nauseabundos debido a descargas averiadas y falta de mantenimiento. La escasez de agua y la ausencia de elementos básicos como el papel higiénico agravan aún más la situación. Los profesionales del derecho, usuarios directos de estas instalaciones, han elevado sus quejas constantemente, denunciando un entorno de trabajo...
La excusa de que la sede funciona en un local prestado por Itaipú ha perdurado durante años, sirviendo como justificación para la falta de inversiones y mejoras. Sin embargo, esta situación no puede continuar. Es responsabilidad del Estado proporcionar instalaciones adecuadas para el correcto desempeño de sus funciones, especialmente cuando se trata de instituciones tan fundamentales como la Fiscalía.
Resulta aún más preocupante la inacción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien parece permanecer impasible frente a esta crisis. Ante las demandas urgentes de una nueva sede propia, su silencio y falta de acción son inaceptables. Los profesionales del derecho y diversos gremios no pueden ser los únicos en alzar su voz contra esta situación; es hora de que toda la sociedad exija un cambio.
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