La gravísima denuncia formulada contra agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná debe provocar una reacción inmediata de la Comandancia de…
La gravísima denuncia formulada contra agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná debe provocar una reacción inmediata de la Comandancia de la Policía Nacional y del Ministerio Público. No puede ser minimizada, encubierta ni sepultada bajo el habitual silencio corporativo. Lo denunciado no constituye una simple irregularidad administrativa, sino la posible existencia de un esquema de extorsión integrado por funcionarios encargados de combatir el delito.
El empresario Nelson Barrios Ramírez afirma que seis investigadores le exigieron USD 130.000 para desvincularlo de dos millonarios asaltos ocurridos en Ciudad del Este. Según su relato, al negarse a pagar fue amenazado con permanecer escondido y con ser involucrado en otros hechos delictivos. Sostiene que las advertencias finalmente se cumplieron.
Estas afirmaciones deben ser sometidas a una investigación seria, objetiva e independiente. El denunciante entregó capturas de mensajes que, según asegura, contienen amenazas, presiones y referencias a una supuesta negociación. Corresponde determinar el origen de esas comunicaciones, identificar a sus responsables y establecer si efectivamente se utilizó un número telefónico clandestino para encubrir una operación extorsiva.
La presunción de inocencia ampara tanto al denunciante como a los policías señalados. Sin embargo, esa garantía constitucional no puede utilizarse como pretexto para impedir la investigación. Cuando la sospecha recae sobre agentes armados y con acceso a expedientes, evidencias e información reservada, la obligación institucional de esclarecer los hechos debe ser todavía mayor.
Leer la nota completa en La Clave
