El bochornoso caso del preso por tentativa de homicidio que fue indultado por el presidente de la República, pero tuvo que volver a prisión al descubrirse que también estaba procesado por supuesto abuso sexual en niños, debido a que los datos no figuraban en la lista de la Corte Suprema de Justicia, revela el estado de gran precariedad en que se siguen manejando los registros del sistema carcelario. Es urgente que se disponga una minuciosa revisión, corrección y actualización, no solamente para que el país no se exponga a otra vergüenza internacional, sino principalmente para proteger los derechos de muchas personas expuestas a la negligencia administrativa y judicial.
El escándalo que causó esta situación le costó el cargo al director del Penal de Emboscada, Sergio Ruiz Díaz, a quien se considera como el principal responsable de haber incluido en forma inapropiada a Franco Benítez en la lista de los candidatos para el indulto presidencial, y de haber asegurado en su informe que el reo tenía condena firme por tentativa de homicidio, y que no poseía ninguna otra causa penal, lo cual resultó falso. Lo llamativo es que, a pesar de contar con una orden de prisión dictada por el juez Atilio Rodríguez Britos, por el caso de presunto abuso sexual en niños, dicho...
Lo ocurrido revela el estado de gran precariedad en que se siguen manejando los registros del sistema carcelario. La negligencia afecta directamente a una tarea interinstitucional en la que están involucradas con responsabilidad compartida el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Pastoral Penitenciaria y otras, como la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y Ejecución Penal.
Todas estas instituciones aparecen salpicadas por este bochornoso caso, que envuelve en un papelón internacional al propio presidente de la República.
Ante lo sucedido, es urgente que las autoridades dispongan una minuciosa revisión, corrección y actualización de todos los registros del sistema carcelario, no solamente para evitar que el país vuelva a ser expuesto a otra situación de bochorno internacional, sino principalmente para proteger los derechos de muchas personas expuestas ante la negligencia administrativa y judicial.
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