La eventual modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal -que habla sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva- acarrearía una serie de desafíos, entre ellos la posibilidad de que 4.000 personas que hoy están privadas de su libertad soliciten de forma inmediata salir de prisión. Esta cifra representa cerca del 25% de la población penitenciaria.
Miles de personas actualmente cumplen prisión preventiva en las distintas cárceles del país. Foto: archivo / EFE.
En la jornada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica el Artículo 245 de la Ley N° 1286/1998 “Código Procesal Penal”.
El citado artículo de la norma establece que “siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva otras alternativas” como son: el arresto domiciliario, la vigilancia permanente, la comparecencia regular ante un magistrado, la prohibición de salida del país, entre otras.
La eventual modificación de este apartado permitiría -entre otras cosas- dejar sin efecto la disposición que establece que las personas imputadas por la comisión de hechos punibles catalogados como crímenes (con penas privativas de libertad superiores a los 5 años) no pueden acceder a medidas alternativas a la prisión.
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