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El gremio de jubilados exige investigar el uso discrecional de recursos previsionales. La presentación judicial apunta a una doble estructura de gastos jurídicos.
El presidente de la Unión Nacional de Jubilados, Pedro Halley, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. La acción judicial apunta a presuntas irregularidades detectadas en la administración del Instituto de Previsión Social (IPS). El escrito señala una gestión supuestamente ineficiente del patrimonio perteneciente a los asegurados. Se enfoca, principalmente, en la contratación discrecional de abogados externos bajo sospechas de corrupción.
Bajo el patrocinio del abogado Juan Sosa Bareiro, la denuncia se dirige contra personas innominadas por mal manejo patrimonial. Los hechos denunciados se basan en diversos reportes de medios de prensa locales. Halley sostiene que estas acciones podrían configurar delitos de lesión de confianza y apropiación. Por ello, solicita una investigación exhaustiva sobre los procesos administrativos vigentes en la previsional.
La presentación cuestiona la elección de asesores jurídicos sin criterios objetivos ni concursos de oposición. Según el documento, no existe una evaluación técnica que justifique estas contrataciones externas. Esta falta de transparencia vulneraría el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional. Además, se observa una inobservancia de la legalidad y la objetividad requerida en la función pública.
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