La complaciente resolución del juez de Garantías Julián López Aquino, que favoreció al diputado colorado José María Ibáñez y a su esposa Lorena Plabst, causó indignación en la opinión pública, según puede apreciarse en las redes sociales, donde los internautas cuestionan la tibia “sanción” –calificada sin embargo como “un logro para el Ministerio Público” por la fiscala María Victoria Acuña– e insinúan que el fallo tuvo su compensación monetaria. Según la causa abierta, el diputado Ibáñez y su esposa abonaron, entre agosto y noviembre de 2013, el salario de tres caseros de su quinta de Areguá con dinero de la Cámara de Diputados. Y bien, el juez López Aquino, con el consentimiento de los fiscales Acuña, José Dos Santos y Liliana Álvarez, consideró que los procesados expresaron su voluntad de reparar el “daño social” y ofrecieron donaciones. Es increíble, pero cierto, que el autor confeso de tres hechos punibles no será condenado si hace regalos a una entidad de bien público, a más de cumplir ciertas condiciones, pasados los cuales conseguirá el sobreseimiento definitivo. Sin duda, el juez López y la fiscala coinciden con el diputado Carlos Portillo, en que “jamás se puede comparar una situación de un parlamentario con una persona común”.
La complaciente resolución del juez de Garantías Julián López Aquino, que favoreció al diputado colorado José María Ibáñez y a su esposa Lorena Plabst, causó indignación en la opinión pública, según puede apreciarse en las redes sociales, donde los internautas cuestionan la tibia “sanción” –calificada sin embargo como “un logro para el Ministerio Público” por la fiscala Victoria Acuña– e insinúan que el fallo tuvo su compensación monetaria.
Mediante chicanas sistemáticas, el diputado Ibáñez y su esposa impidieron durante casi cuatro años la realización de la audiencia preliminar en la causa abierta con motivo de que, desde agosto hasta noviembre de 2013, el primero abonó los salarios de tres cuidadores de su quinta de Areguá con dinero de la Cámara Baja. Su jefa de gabinete, María Liz Gutiérrez, certificaba falsamente la asistencia de los mismos a su lugar de “trabajo”; vergonzosamente, los cheques emitidos a nombre de ellos eran depositados en cuentas bancarias de los citados cónyuges.
Ibáñez fue acusado por los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, en tanto que su esposa, que se quedaba con una parte de los salarios, tuvo que responder por el de estafa. Como señalan algunos juristas, no debe descartarse que el descarado legislador haya incurrido también en el delito de tráfico de influencias para conseguir que sus caseros cobren sus salarios con dinero de la Cámara de Diputados.
Y bien, al cabo de la audiencia preliminar, celebrada el último 6 de julio, el juez interino Julián López Aquino resolvió, a pedido de la defensa y con el consentimiento de los fiscales Victoria Acuña, Liliana Alcaraz y José Dos Santos, suspender condicionalmente el procedimiento de acuerdo al art. 21 del Código Procesal Penal. Alegó que la pareja admitió haber cometido los hechos que se le atribuyeron, que demostró su voluntad de reparar el “daño social” causado al ofrecer donaciones, y que la máxima expectativa de pena carcelaria era de cinco años o, en su defecto, la multa. Ibáñez ya...
Leer la nota completa en Diario ABC
