Si creáramos una línea del tiempo imaginaria sobre el envejecimiento de la población en diferentes regiones, veríamos claramente que América Latina se encuentra en unos 30 años por detrás de Europa.
Esto, a diferencia de la mayoría de los indicadores, es algo bueno. Mientras que en el viejo continente los mayores de 65 años representan al 20% de la población, en América Latina solo equivalen al 8%. Por lo tanto, la mayoría de los latinoamericanos son jóvenes, están en edad de trabajar y teóricamente pagan impuestos en mayor medida, que se podrían también destinar a costear los gastos e inversiones públicas, entre ellas los sistemas de protección social.
El problema es que la línea temporal imaginaria no se detiene y dentro de tres décadas los mayores de 65 años alcanzarán el 17,5% de la población, y para finales de siglo superarán el 30%. Estas cifras plantean una pregunta incómoda para las sociedades latinoamericanas: ¿están los sistemas de pensiones y servicios de salud preparados para garantizar tu protección social en la vejez?
La respuesta rápida, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020), publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), es que no. Su diagnóstico sobre el estado de los sistemas de protección social evidencia que en la mayoría de los países una proporción importante de los adultos mayores no reciben ningún tipo de jubilación o pensión. Esta falta de cobertura tiene que ver con un gasto público insuficiente y, en ocasiones, mal orientado.
Una de las razones por las que no se reciben las inversiones necesarias es porque se pueden generar resistencias, o ser inviables financieramente, ya que los beneficios tienden a verse gradualmente y en el largo plazo, mientras que los costos se asumen en el corto plazo.
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