Tomamos el término “mafia” en la tercera acepción del diccionario de la Academia: “Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Cetrapam es eso: una organización que extorsiona al Gobierno y somete a la ciudadanía a una angustia inhumana. La reforma del transporte metropolitano debe hacerse sin los mafiosos. Si no, no será reforma.
Esta calamidad llamada transporte público urbano esperaba hace tiempo que algún Gobierno encarara el cambio definitivo que extirpara este mal que mortifica a buena parte de la ciudadanía, un mal que afecta incluso a quienes no utilizan el servicio.
Luego de que la situación se volviera insoportable, por fin el Gobierno actual se puso a elaborar un proyecto que apunta a generar un cambio radical. Esto se debió hacer mucho tiempo atrás. Pero ya está, alguna vez se iba a dar.
En la presentación del documento, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, afirmó que “Buscamos romper el monopolio que tiene el operador”: los buses los adquirirá el Estado y serán de propiedad pública. Pero a continuación expresó algo que mete miedo: “trabajaremos con los operadores actuales en lo que respecta a la prestación del servicio”.
Los “operadores actuales” se supone son los mismísimos Caballeros Chatarra del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, la irritante Cetrapam, que explota el servicio de una forma que constituye una vejación a la dignidad ciudadana.
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