Ante las muchas denuncias de irregularidades en la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y luego de varias dilaciones que buscaban evitar la intervención, esta tuvo lugar el 2 de febrero de 2015, fecha en que el interventor, ingeniero agrónomo Pedro Gerardo González, firmó la resolución número 1 por la que designaba asesores y secretario “con las responsabilidades y atribuciones inherentes al cargo”. Pero se “olvidó” de que en una interven- ción el titular del ente queda apartado. Víctor Ríos seguía siendo rector.
También fueron designadas las autoridades académicas y administrativas “para el funcionamiento normal” de la universidad. Igualmente, el interventor dispuso los cortes administrativos y documentales. Fue la apariencia de una intervención.
El 7 de abril del 2015, la Coordinadora por la Transparencia de la Educación en el Ñeembucú se dirige por nota al presidente Horacio Cartes para presentar una “serie de inquietudes en cuanto al cumplimiento de funciones designadas al interventor, así como la violación de la Ley de Educación Superior en su artículo 90”.
Este artículo expresa: “La intervención implica suspensión automática y temporal de las autoridades de la institución afectada, quienes quedarán suspendidas interinamente por el o los interventores, que asumen con plenas facultades, excepto las de modificar los estatutos o reglamentos internos y aquellas que reglamenta el Cones” (Consejo Nacional de Educación Superior).
La Coodinadora agregó en su nota que también seguían ocupando sus cargos el vicerrector y decanos “aun habiendo sido denunciados por la serie de irregularidades ya que la Ley de la Educación Superior N° 4995 es clara al respecto: que mientras dure la investigación ellos automáticamente quedan cesantes”.
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