Primero, es clave analizar qué tan efectiva fue esta fuerza conjunta en alcanzar sus objetivos. Acá la respuesta puede ser cuantificada: La violencia aumentó en el Norte desde su llegada. En las últimas dos décadas, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cometió 66 asesinatos, de los cuales 42 se dieron en los últimos cinco años.
Las cifras de secuestros también advierten un aumento importante. Entre 2004 y 2013 este grupo secuestró a cuatro personas. En los últimos cinco años, el EPP y sus desprendimientos secuestraron a 12 personas, de las cuales tres terminaron muertas. Además, otros dos siguen en cautiverio: Edelio Morínigo y Félix Urbieta.
Si todo esto no es suficiente para afirmar que los grupos armados se fortalecieron en este periodo, hay otros dos hechos que apuntan a esto: En setiembre del 2017 se llegó al punto de que se desarrollaban al mismo tiempo cuatro secuestros en el Norte y además hoy en día la lucha ya no es solo contra el EPP, sino también contra el Ejército del Mariscal López (EML) y la Agrupación Campesina Armada (ACA). Así las cosas, resulta cuanto menos insuficiente el argumento de que la FTC evita que el EPP crezca más de lo que ya creció en los últimos años.
Por otro lado, la FTC estuvo envuelta en sospechas de corrupción y actuaciones arbitrarias desde su creación. Desde las decenas de denuncias que existen por supuestas torturas y detenciones ilegales a pobladores de la zona de influencia del EPP hasta casos como el del capitán Enrique Piñánez, cuya familia hasta hoy sostiene que él fue asesinado para evitar que denuncie la corrupción existente dentro de las fuerzas.
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