Pocos días antes de partir hacia Estados Unidos para recibir una distinción del Comité Judío Americano, el presidente Santiago Peña firmó decretos que amplían la designación de Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas. Asimismo, se sumó a la lista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI).
A primera vista, este hecho podría parecer una postura firme contra el terrorismo; sin embargo, al observar el contexto y el momento en que se produce, resulta inevitable preguntarse si este hecho es una genuina política de Estado o solamente un guiño a los aliados.
Hay que resaltar que el terrorismo es un fenómeno que lamentablemente afecta tanto a pueblos israelíes como palestinos, no puede analizarse en blanco y negro. Los sufrimientos de las víctimas de Israel son innegables, pero la guerra en la región tiene raíces históricas profundas y múltiples aristas.
En ese sentido, designar a grupos como terroristas solo días antes de asistir a un evento organizado por sectores vinculados al lobby pro-Israel en Estados Unidos, sin un debate interno ni un análisis nacional abierto, evidencia que todo parece ser más que una búsqueda de aplausos externos en vez de una política exterior seria, comprometida y coherente.
El gobierno de EE.UU. celebró la designación, y mediante su vocera, Tammy Bruce, recordó que Irán sigue siendo considerado como el principal patrocinador estatal del terrorismo global. Según su comunicado, el régimen iraní financia y dirige ataques terroristas a través de su Fuerza Quds. Hay que admitir que esta información es relevante, pero el problema no radica en reconocer estos hechos sino en el uso político que se hace de ellos.
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