Interesante la extensa conferencia de prensa que brindaron el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, a propósito del encuentro de los presidentes Santiago Peña y Lula da Silva en Mato Grosso do Sul. Lo más revelador no fue tanto lo que dijeron, sino lo que admitieron implícitamente y lo que se desliza a partir de sus declaraciones. Dos años después, el Gobierno reconoce indirectamente que el acuerdo tarifario de 2024 en Itaipú fue contraproducente (por no decir un fracaso), y, peor aún, que sigue sin estar en la agenda gubernamental la obtención del máximo precio por los excedentes energéticos del Paraguay.
Giménez dijo que la actual tarifa de Itaipú, de 19,28 dólares el kilovatio/mes (unos 26,5 dólares el megavatio/hora), somete a “tensión financiera” a la ANDE, porque tiene que pagar un precio más alto por la contratación de energía. Se guardó de mencionar que fue este Gobierno el que insistió en elevar la tarifa por encima del costo básico, que es lo que establece el Tratado.
Al ser formalmente Itaipú una entidad sin fines de lucro y al cancelarse su abultada deuda en 2023, su tarifa debió haberse reducido drásticamente, hasta 10 dólares el MWh o menos, según cálculos técnicos. En cambio, el Gobierno de Santiago Peña, en vez de concentrarse desde un principio en la renegociación del Anexo C y en el cabal aprovechamiento de los excedentes paraguayos, que hasta el día de hoy son cedidos en su totalidad al Brasil, se empeñó en mantener una tarifa alta para repartirse la diferencia en forma de “fondos socioambientales” para ambas márgenes.
Brasil aparentó resistirse en un primer momento, pero, más que conforme con mantener el statu quo, que era su principal objetivo, terminó aceptando una tarifa más alta hasta 2026. El acuerdo se firmó en mayo de 2024 y la administración Peña lo presentó como un “logro histórico”.
Sin embargo, por un lado, estos “fondos socioambientales” no ingresaron al presupuesto nacional, no han estado sujetos a los controles institucionales del Estado, se han manejado prácticamente como gastos reservados del Presidente de la República y del director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, y su ejecución en el país ha estado caracterizada por falta de transparencia y serios indicios de desvíos y sobrefacturaciones.
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