Parece descabellado, pero analizándolo con “criterio político”, como diría un inefable senador, la repartija de dinero público entre quienes detentan el poder en nuestro país es resultado de decisiones políticas bajo la impronta de un sistema de prebendas con el que se compran y alquilan lealtades políticas.
Este dinero, se habla de unos G. 6.000 millones anuales, sería destinado a la creación de 1.000 puestos de trabajo en servicios generales, contratados por el municipio, y bajo supervisión de la Contraloría General de la República (CGR).
Presumo que los mandamases en la EBY se deben estar meando de la risa ante tamaña pretensión de un casi ignoto municipio opositor, que por ordenanza busca echar el guante a uno de sus esquemas mejor montados para la tragada legal de dinero público. Los famosos contratos de servicios, popularmente conocidos como “OC” u “órdenes de compra”.
Por lo general los contratistas son meros intermediarios en prestaciones como desmalezamiento y limpieza de veredas, de cauces hídricos, etc., que a su vez sub-contratan operarios a quienes pagan míseramente por realizar la tarea.
De antaño en la EBY se utiliza esta argucia para justificar la repartija de plata a operadores políticos y recaudar para la “corona”. La pretensión de la administración municipal apunta al corazón mismo de uno de sus esquemas de corrupción por lo que la ordenanza difícilmente alguien le dé curso. Aunque soñar un país mejor, no cuesta nada.
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