Debe estar algo tan podrido que un dirigente gremial vea como absolutamente viable pedir al Estado USD 1 millón para parar una protesta y que vaya a recoger —como un gentil adelanto de Semana Santa— una parte ínfima del negocio en el propio Ministerio del Interior.
Tampoco es de extrañar, pues es sabido el manejo obsceno del dinero público que hay entre las autoridades gubernamentales y los representantes sociales, incluidos los de toda orientación política y estratos económicos.
Un claro ejemplo es la condena judicial para ex funcionarios del Indert y dirigentes campesinos por el despilfarro de G. 4.000 millones que debían destinarse a fines más útiles a la sociedad que a los bolsillos de los corruptos de turno. Para abarcar todo el espectro social, otra cuenta del rosario de la corruptela vernácula es la millonada que reciben los transportistas para tratar a los pasajeros como ganado para faena. El primer caso llama la atención, porque tampoco la Justicia es muy eficiente en castigar los hechos de corrupción. Eso, obviamente, para ser benévolo en concordancia con...
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