La falta de predisposición estatal a la hora de establecer políticas de protección en contra de los desalojos forzosos se agudizó durante el 2021, cuando unas 5.000 personas de comunidades campesinas e indígenas, así como de asentamientos urbanos, fueron desalojadas de manera forzosa, sin ninguna alternativa que les garanticen sus derechos humanos, expuso la Coordinadora […]
La falta de predisposición estatal a la hora de establecer políticas de protección en contra de los desalojos forzosos se agudizó durante el 2021, cuando unas 5.000 personas de comunidades campesinas e indígenas, así como de asentamientos urbanos, fueron desalojadas de manera forzosa, sin ninguna alternativa que les garanticen sus derechos humanos, expuso la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Los desalojos se registraron principalmente en departamentos de mayor impacto del agronegocio como San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú. La Codehupy señaló que algunas características agravantes de estos desalojos fueron que varios de estos procedimientos se realizaron sin orden judicial y con la participación de guardias privados y civiles armados, cuya intervención no es investigada por la Fiscalía.
Para exponer dicha realidad, la Codehupy solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia en la que expondrá los desalojos forzosos en Paraguay. Durante el evento, representantes de organizaciones campesinas e indígenas, junto con abogados de la Codehupy, se reunirán hoy a las 15:00 en el salón Asunción del Hotel Guaraní con el propósito de dar a conocer la problemática.
“El hecho que estemos acudiendo a una instancia internacional para hablar sobre un problema de derechos humanos tiene que ver en gran medida con que el estado ha sido hasta ahora renuente a tener cualquier tipo de política de protección de las personas en contra de los desalojos forzosos. Por el contrario, ha favorecido la continuidad de estas prácticas, que se agravaron durante el 2021”, indicó Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy.
Leer la nota completa en El Independiente