Es realmente increíble que en el Paraguay sigamos soportando situaciones claramente violatorias de la Constitución y las leyes, que son expuestas a la luz pública y que, pese a su evidente ilegalidad, continúan vigentes ante la indiferencia general. Los paraguayos son expoliados no solo a través de los sobornos que se exigen para acelerar un trámite, de los sobrecostos que derivan de licitaciones amañadas o de la lisa y llana malversación de fondos. También ciertos instrumentos formales, como la propia ley y los contratos colectivos de trabajo del sector público, son utilizados para meter impunemente la mano en el bolsillo de los contribuyentes en beneficio de ciertos aprovechados. Así, funcionarios de la ANDE pagan solo la mitad de la tarifa por consumo de electricidad, y los funcionarios de Petropar no pagan el seguro social, cargándose esos costos al resto de los ciudadanos. O una organización no gubernamental, Opaci, asume rol de ente oficial al cobrar un porcentaje por la expedición de registros de conducir. Ante esta deprimente situación, se impone que la sociedad civil se organice, se informe y reclame sus derechos frente a quienes se enriquecen a costa de ella mediante todo tipo de artimañas.
Es realmente increíble que en el Paraguay sigamos soportando situaciones claramente violatorias de la Constitución y las leyes, que son expuestas a la luz pública y que, pese a su evidente ilegalidad, continúan vigentes ante la indiferencia general.
Los paraguayos son expoliados no solo a través de los sobornos que se exigen para acelerar un trámite, de los sobrecostos que derivan de licitaciones amañadas o de la lisa y llana malversación de fondos. También ciertos instrumentos formales, como la propia ley y los contratos colectivos de trabajo del sector público, son utilizados para meter impunemente la mano en el bolsillo de los contribuyentes en beneficio de ciertos aprovechados.
El grave problema es que las víctimas del saqueo cotidiano se hallan indefensas ante el contubernio entre los políticos jerarcas de organismos estatales, los dirigentes sindicales y los propios legisladores de turno. Las pobres víctimas no están organizadas como lo están sus victimarios, los privilegiados empleados estatales y de las empresas públicas; tampoco tienen estrechos lazos con el poder político, como los tiene, por ejemplo, el clan que maneja la Opaci desde hace años. Esto explica por qué el ciudadano común continúa abonando –muchos sin siquiera saberlo– el seguro social de los...
Los leoninos contratos colectivos de trabajo que sustentan las prebendas del personal de las citadas empresas públicas fueron homologados por la Secretaría de la Función Pública, pese a que violan flagrantemente el principio constitucional de igualdad ante la ley. El art. 17 de la Ley Nº 375/56, que establece el seguro social, dispone que la cuota mensual de los trabajadores sea del 9% de sus salarios, y la de los empleadores del 14%, calculado sobre los salarios de los primeros: la norma no distingue entre trabajadores y empleadores del sector privado y del público, pero ocurre que, en el...
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