AREGUÁ. Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente y fundador de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de profesión árbitro de fútbol, firmó todos los certificados de ejecución de las obras que fueron pagadas con el fondo de emergencia por covid-19. Dichos documentos debían ser firmados por un ingeniero civil o arquitecto, según el informe final de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), que conjuntamente realizaron una auditoría.
Un árbitro de fútbol firmó certificados de obras pagadas por la Gobernación de Central
CIAP recibió G. 5.105 millones de la Gobernación del Departamento Central, administrado por el cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González. El dinero es parte del fondo de emergencia por covid-19, US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020), que el Ejecutivo otorgó el año pasado a la institución departamental. La otra parte, G. 1.276 millones, fue transferida al Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, para ayudar a hospitales de Central.
De acuerdo al estatuto social de la fundación CIAP, la naturaleza de la misma es la de formar a profesionales en varias disciplinas, además de contratar a expertos para brindar capacitaciones. Lo establecido en el reglamento no fue modificado, pero la “organización sin fines de lucro” recibió de la Gobernación la millonaria transferencia para hacer “obras de infraestructura y mejoramiento en espacios públicos”. Según la conclusión de la auditoría, no se evidencia que CIAP tenga la suficiente experiencia y personal profesional acorde al rubro para hacer este tipo de trabajos.
Sin embargo, el presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, traspasó todos los límites y hasta se atrevió a firmar los “certificados de obras”, que correspondían ser firmados por un arquitecto o ingeniero civil.
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