La plataforma de reserva de vehículos con conductor, Uber, demandada ante la justicia regularmente y odiada por los taxis, se ve obligada a respetar las reglas de las ciudades en las que opera, o a retirarse del sector.
En Barcelona, Uber tiró la toalla frente a la aprobación de una ley que restringe la actividad de los VTC en la región, particularmente porque obliga a contratar los servicios de VTC con 15 minutos de antelación -prorrogables a una hora en Barcelona- e impide a aplicaciones como Uber y Cabify usar la geolocalización de sus vehículos.
Bulgaria fue uno de los primeros países en prohibir totalmente Uber en julio de 2015, por decisión de la Comisión de Protección de la Competencia, alegando especialmente que cometían “competencia desleal” .
Hungría fue abandonada por Uber en julio de 2016, tras una ley que permitía bloquear técnicamente los servicios de Internet de cualquier “proveedor de servicios de taxi que no tenga un centro de llamadas” , como es es el caso de este servicio.
En Dinamarca, la actividad de los VTC es ilegal: una ley aprobada en febrero de 2017 requiere que los conductores privados estén equipados con un taxímetro y sensores de ocupación del asiento para activar los ’airbags’, condiciones consideradas como “demasiado costosas” para Uber, que terminó descartando este país en 2017.
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