La Justicia Electoral decidió frenar la licitación de casi 100 millones de dólares para la compra de máquinas electrónicas de votación y abrir un proceso de arrendamiento.
La medida, que se dio tras la recomendación del Senado, instaló un debate sobre la independencia del TSJE y la posibilidad de que el oficialismo haya operado para direccionar el negocio.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral emitió la Resolución 759/2025 para cancelar la licitación de 28.000 máquinas de votación y habilitar un llamado para arrendarlas. Según el TSJE, la decisión buscó proteger la credibilidad y la transparencia del proceso. Sin embargo, la medida se tomó apenas dos días después de que el Senado, con mayoría oficialista, recomendara suspender la compra y optar por el alquiler, lo que generó fuertes críticas sobre la independencia del organismo.
El proceso había arrancado en mayo con tres oferentes: Consorcio Paraguay Democrático, Comitia-MSA y Miru Systems. A finales de julio, el TSJE descartó a dos de ellos por incumplimientos técnicos, quedando solo un consorcio en carrera. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas luego emitió un dictamen para revaluar la oferta de Miru Systems, una empresa que fue señalada por la oposición como vinculada a grupos empresariales relacionados con el presidente Santiago Peña. Aunque no existen pruebas judiciales que confirmen esas denuncias, el señalamiento contribuyó a instalar la sospecha...
Para el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, la decisión es un hecho sin precedentes que expone la injerencia del poder político en las decisiones de la Justicia Electoral. Calificó la intervención del Senado de "totalmente irregular" y advirtió que sería escandaloso que una empresa vinculada al presidente termine beneficiándose del arrendamiento. Por su parte, referentes oficialistas defendieron la recomendación alegando que el alquiler podría resultar más barato y más transparente, además de exigir acceso al código fuente de los equipos. Incluso dentro del propio...
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