Con argumentos que rozan la complicidad, el TSJE borró con el codo su propio pliego de bases y los informes del Comité de Evaluación para evitar castigar al Consorcio Comitia MSA en la primera licitación de máquinas de votación. La Justicia Electoral argumenta que no correspondía cobrar la garantía porque la firma fue descalificada a tiempo y, en un abierto intento de blanqueo, negó el engaño de la empresa en las pruebas técnicas, desvirtuando sus propios documentos oficiales. Como argumento extra, la institución sumó la cancelación de ese proceso, olvidando un “detalle”: inmediatamente después armó un nuevo llamado –esta vez bajo la modalidad de arrendamiento– en el cual el Consorcio Comitia MSA terminó resultando ganador.
TSJE se desdice y recurre a una insólita defensa para proteger a su proveedor
“La garantía de mantenimiento de oferta se puede ejecutar cuando vos evaluaste la oferta y estás por firmar contrato, y ahí el oferente modifica su oferta (…) lo que podría generar un dolo. En este caso no se reunió ninguno de los presupuestos legales”, afirmó el viernes último, a través de ABC Cardinal, Daniel Echagüe, director de Administración y Finanzas del TSJE. Así, el alto funcionario justificó la falta de ejecución de la póliza al Consorcio Comitia MSA –representado por Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Geraldo Nelson Deane– bajo la premisa de que no llegaron a...
Lo irónico es que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de ese primer llamado para la compra de 28.000 máquinas de votación lo desmiente en forma contundente: el primer ítem que habilita a ejecutar la póliza es, textualmente, “Si el oferente altera las condiciones de su oferta”. Es decir, el director financiero desconoce la propia normativa de su institución.
Para peor, el informe del propio comité de evaluación del TSJE describió en su momento que el Consorcio Comitia MSA “alteró sustancialmente una de las muestras” entregadas. Por tal motivo se cancelaron las pruebas técnicas, y no por un simple “incumplimiento de requisitos”, como ahora pretende instalar el TSJE para salvar al proveedor, que en un inmediato segundo proceso licitatorio logró quedarse con el contrato de casi US$ 35 millones por el arrendamiento de las 18.000 máquinas de votación a ser usadas en las próximas elecciones internas y municipales.
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