La diputada Olga Ferreira acusó al organismo electoral de perjudicar a la democracia y a la imagen de los grupos políticos pequeños desde el momento en que publica como afiliados a los proponentes.
Las firmas fueron recolectadas con el eslogan "que decida la gente" y según los colorados tuvieron tanto éxito que sobrepasaron ampliamente las 30.000 firmas que se exige para solicitar la enmienda. Sin embargo, apenas una semana después, saltaron las denuncias de que familias enteras, funcionarios ajenos al partido y hasta muertos y presos, aparecieron en las planillas de la ANR.
Pese a la lluvia de denuncias, la Justicia Electoral tardó en reaccionar y solo ante la presión ciudadana puso a sus funcionarios a revisar la nómina y luego devolvió a la ANR sus carpetas en vez de remitirlas a la Fiscalía para la investigación. La Fiscalía tomó intervención en el caso solo luego de que el PLRA y otros afectados denunciaron el caso formalmente.
Ahora, el organismo electoral detectó y denunció que varios movimientos pidieron su reconocimiento con firmas falsas de sus proponentes.
El organismo incluso informó que son los afectados los que están obligados a hacer el procedimiento para solicitar su exclusión de los grupos.
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