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El TSJE pasó de exigir máximos estándares técnicos a un arriendo con normas reducidas por USD 35 millones. La movida beneficia directamente a Comitia MSA, que se presentó como único oferente tras ser descalificada en el proceso original.
El TSJE cambió seguridad por vulnerabilidad. Tras anular una compra con altos estándares, el TSJE optó por un arriendo con exigencias mínimas, un giro que, según especialistas, abre un escenario de mayor vulnerabilidad para el sistema.
El proceso original no solo buscaba comprar 28.000 máquinas, sino blindar el voto. Exigía máximos estándares de ciberseguridad y prohibía expresamente que las papeletas pudieran almacenar información o ser reutilizadas.
El veto político: La presión inició con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) liderada por Agustín Encina, que suspendió el proceso.
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