Donald Trump recibirá en junio próximo un informe del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (AFT) sobre el comercio ilegal de cigarrillos, con recomendaciones para combatirlo. Es en cumplimiento de una orden ejecutiva del Presidente del 9 de febrero. La orden es general, pero, según nuestras fuentes en Washington, responde a una preocupación especial sobre la delincuencia transnacional en Triple Frontera y Paraguay.
A apenas poco más de un mes de asumir la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump firmó el 9 de febrero de este año la “Orden Ejecutiva Presidencial sobre Aplicación de la Ley Federal Respecto de las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Prevención del Tráfico Internacional”.
Ordena fortalecer la aplicación de la ley federal para desbaratar las “organizaciones criminales y sus subsidiarias, incluyendo bandas criminales, carteles, mafias y otros grupos involucrados en actividades ilícitas que presenten una amenaza a la seguridad nacional” y da un plazo de 120 días para elevar al Presidente un reporte sobre las organizaciones involucradas en el crimen transnacional, sus subsidiarias, el grado de penetración y todas las recomendaciones pertinentes sobre acciones para desmantelarlas.
El plazo se cumple el mes que viene y, de acuerdo con lo que nos revelaron en Washington D.C., a donde fuimos enviados por ABC Color, en este contexto se le encargó un informe especial a la AFT, uno de cuyos énfasis será el tráfico ilegal de cigarrillos entre Paraguay y Brasil.
Esta orden ejecutiva de Trump, según nos dicen, dista de ser casual y rutinaria. Al contrario, implica un giro importante en la política de Estados Unidos en relación con la llamada “Delincuencia Organizada Transnacional” (DOT) y la voluntad de combatirla.
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