En el marco de la causa conocida como “A Ultranza PY”, el tribunal presidido por la juez María Luz Martínez remitió a la Ministerio Público los antecedentes del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para que éste sea investigado por el presunto delito de desacato. Esto en el marco del juicio que involucra a Miguel Ángel […]
En el marco de la causa conocida como “A Ultranza PY”, el tribunal presidido por la juez María Luz Martínez remitió a la Ministerio Público los antecedentes del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para que éste sea investigado por el presunto delito de desacato. Esto en el marco del juicio que involucra a Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”.
La magistrada había emplazado al secretario de Estado a través de un A.I., otorgándole un plazo de 24 horas para que informe sobre el traslado del procesado Miguel Insfrán desde la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú hacia el centro penitenciario de Emboscada, sin previa comunicación al tribunal ni orden judicial. Ante la ausencia del informe dentro de ese plazo, el tribunal decidió remitir el expediente al Ministerio Público.
En el documento de traslado suscrito por el director general de Establecimientos Penitenciarios, Cnel. Rubén Darío Peña Weisensee, se señala que el traslado fue “con la anuencia de la más alta autoridad ministerial”, lo cual genera serias dudas por parte del tribunal respecto a los mecanismos de supervisión y control penitenciario. El expediente indica además que el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, autorizó la medida, cuestión que la defensa del acusado considera muestra de posibles interferencias o de un uso irregular de la autoridad.
El tribunal argumenta que el traslado efectuado sin orden judicial viola los principios del sistema penal acusatorio, entre ellos la garantía de audiencia, la publicidad del acto y el principio “nulla poena sine lege” (nadie puede ser sometido a una medida que no tenga base en la ley). Asimismo, subraya que la atribución de control de traslados de reclusos debe obedecer a la norma legal y estar bajo supervisión judicial cuando corresponda y que el incumplimiento del emplazamiento por el ministro de Justicia podría configurar desacato al órgano jurisdiccional.
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