Los votos contradictorios del ministro Sindulfo Blanco salieron a luz en el marco del estudio de un incidente de prejudicialidad planteado por la defensa del empresario Jair Antonio de Lima, propietario del frigorífico Concepción, procesado por contrabando de carne.
Este proceso se inició a partir de un procedimiento realizado el 2 de mayo pasado, a las 23:00, en el puesto de control policial Nº 8, de Concepción, kilómetro 4 ruta General Rafael Franco; agentes policiales se incautaron de unas 180 toneladas de carne, con documentación irregular.
El miércoles pasado, el Tribunal de Apelación, 3ª Sala, ratificó la resolución que rechaza el incidente de prejudicialidad planteado por la defensa, dictada por el juez Humberto Otazú el 17 de julio pasado.
Tal como alegó el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, el empresario brasileño adujo que al ser el contrabando derivado de una infracción aduanera, debe ser previamente calificado por la Dirección Nacional de Aduanas.
Los camaristas Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín coincidieron en señalar lo siguiente: “(...) el hecho punible de contrabando es de acción penal pública, por tanto, el Ministerio Público tiene el deber y la obligación de iniciar, proseguir y culminar la investigación en representación de la sociedad como se encuentra desarrollándose hasta este momento procesal (...). Agrega que ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público pueden ceder sus atribuciones y obligaciones establecidas claramente en la ley.
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