La Contraloría General de la República no logra auditar el ejercicio 2017 de la Municipalidad de Ciudad del Este ni de la Gobernación de Alto Paraná, debido a que todos los documentos fueron remitidos al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ignora a la Contraloría General de la República (CGR), que ayer volvió a pedir los documentos de gestión del ejercicio fiscal 2017, de la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná. La Municipalidad incluso había logrado una sentencia judicial para impedir el acceso de la Contraloría, declarando que “la revisión, estudio y juzgamiento de la administración municipal, correspondía exclusivamente al Tribunal de Cuentas”.
La Contraloría General de la República no logra auditar el ejercicio 2017 de la Municipalidad de Ciudad del Este ni de la Gobernación de Alto Paraná, debido a que todos los documentos fueron remitidos al Tribunal de Cuentas. El Tribunal no facilita los papeles, pese a los reiterados pedidos del ente contralor.
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ignora a la Contraloría General de la República (CGR), que ayer volvió a pedir los documentos de gestión del ejercicio fiscal 2017, de la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná. La intendente Sandra McLeod de Zacarías y su cuñado, el diputado Justo Zacarías Irún, quien fue gobernador hasta el 26 de diciembre del año pasado, enviaron todos los papeles al Tribunal de Cuentas para su revisión y juzgamiento.
Durante su administración al frente de instituciones públicas, los Zacarías se caracterizan por no permitir que la Contraloría audite su gestión y se “escudan” con revisiones del Tribunal de Cuentas. La Municipalidad incluso había logrado una sentencia judicial para impedir el acceso de la Contraloría, declarando que “la revisión, estudio y juzgamiento de la administración municipal, correspondía exclusivamente al Tribunal de Cuentas”.
Esta resolución fue atacada por anticonstitucional en su momento por la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón. Ayer, en su reiteración al Tribunal de Cuentas, el contralor Enrique García recordó que “ambas instituciones tienen atribuciones diferentes que no se superponen ni colisionan entre sí”.
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