“Se pudo constatar la existencia de una supuesta granja. Son penitenciarías de semilibertad permitidas por la ley de ejecución; mas esta ‘granja‘ no estaba habilitada por el Ministerio de Justicia”, explicó, al remarcar que desconocía su existencia.
La chacra penitenciaria funciona al menos desde el 2013, pero la edificación data del 2016, cuando comenzaron a vivir allí los internos. Uno de los reclusos estaba por orden del juez Néstor Ramón Arévalos. Ríos anunció que preparan una denuncia sobre estas irregularidades para la Fiscalía.
Por otro lado, el senador Enrique Bacchetta, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, anunció que solicitarán los antecedentes del juez Néstor Arévalos, a raíz de la citada resolución judicial. La pesquisa no descarta que por la granja metieron armas al penal.
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