El Capítulo Paraguay del informe 2023 de la Oficina de Monitoreo y Combate al Tráfico de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos es lapidario. De acuerdo al documento no se cumplen plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata y no se han adoptado enfoques efectivos para abordar las prácticas abusivas y las condiciones de trabajo habituales en las situaciones de criadazgo, una práctica que equivale a la servidumbre doméstica infantil.
Contrastando este informe con investigaciones locales, la situación es realmente preocupante. El estudio denominado “Migración de adolescentes vulnerables y la trata de niñas, niños y adolescentes” de la Abg. Alice Resquín evidencia que la mayoría de las víctimas de trata de esta franja etaria proviene de la ciudad de Caaguazú.
Estos hechos deberían llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción. El contexto sociopolítico no ayuda. Las autoridades dejan a su suerte a un sector indefenso y vulnerable priorizando asuntos más rentable$. Por otro lado, el informe internacional cita cifras atribuidas al Ministerio de la Mujer y el MINNA que han reportado en su conjunto la identificación de 67 víctimas en 2022.
“Los traficantes explotaron a 28 de estas víctimas identificadas en la trata sexual y a 39 en trabajos forzados. Entre las 67 víctimas identificadas, había 26 mujeres, 15 niñas, 22 hombres y cuatro niños; dos víctimas identificadas eran bolivianas, 24 eran paraguayas explotadas dentro del país y 41 eran paraguayas explotadas en el extranjero en Bolivia, Brasil, México y España”, reza parte del informe.
Indigna el hecho de que el Gobierno no haya cumplido con los estándares mínimos ya que aunque identificó a un número significativamente menor de víctimas de trata sólo procesó a dos presuntos perpetradores. Tampoco estableció una agencia dedicada a la lucha contra la trata ni la fuente de financiación que exige la ley.
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