Se trata de ocupantes de la vereda de la escuela 670 Bernardino Caballero, al costado del Abasto. Afectados afirman que pagaron a la administración anterior el derecho de ocupación.
Además de la reacción de los afectados, se sumaron al incentivado y frustrado procedimiento el concejal municipal Celso Kelembu Miranda y otras personas, que elevaron la tensión, situación que obligó a los funcionarios municipales a retroceder y analizar la posibilidad de buscar otro lugar donde los vendedores puedan ser reubicados.
Los casilleros denunciaron que están hace mucho tiempo en el lugar, y que durante la administración anterior llegaron a pagar entre G. 1 millón y G. 6 millones por los espacios.
Empero, afirman que no tienen ningún documento para probar el pago, porque aseguran que todo se realizó de manera informal.
El procedimiento se originó a partir del pedido reiterado de directivos y comisiones de padres de la institución educativa afectada. Un total de 700 estudiantes corren peligro en horarios de entrada y salida, por tener que transitar por la calle, debido a la ocupación de las veredas.
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