El pasado 27 de mayo la Fiscalía de Derechos Humanos imputó, tras cuatro años de silencio, a dos de los principales responsables de un caso de supuesta tortura realizada por efectivos militares en julio de 2020. Los fiscales que cajonearon la causa.
Casi cuatro años tardó el Ministerio Público en imputar a dos de los principales responsables de un caso de supuesta cometida por efectivos militares de la Armada Paraguaya en julio de 2020 en Ciudad del Este.
La fiscal Sonia Sanguinés argumentó que los capitanes Luis Alberto Torres Núñez y Walter Fernando Díaz Aguilera, entonces comandante de la Unidad de Guardia Costera y comandante de la base de la Armada incurrieron en la comisión del delito de tortura contra unos 35 pobladores del barrio San Miguel de Ciudad del Este.
Sin ser policías para actuar en cuestiones de seguridad interna ni contar con la dirección del Ministerio Público sacaron supuestamente de forma irregular a estas personas de sus domicilios en la zona conocida como Kuwait del barrio San Miguel de Ciudad del Este y les infligieron lesiones de todo tipo.
Los hechos se dieron como parte de la búsqueda de los supuestos autores del asesinato del suboficial Marcos Agüero González (22) registrado media hora antes durante un enfrentamiento con criminales en la ribera del río Paraná.
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