Desde el Ministerio del Interior justifican la no implementación de las tobilleras electrónicas y trasladan la responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia que limitó el plan al incluir con el be…
Desde el Ministerio del Interior justifican la no implementación de las tobilleras electrónicas y trasladan la responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia que limitó el plan al incluir con el beneficio del dispositivo a procesados por violencia familiar y estableció la delimitación territorial incluyendo solo a Capital.
En el mes de marzo solo hubo dos interesados en capital para el uso de la tobillera electrónica. Sin embargo, por no reunir las condiciones técnicas, se les negó el arresto domiciliario con el dispositivo, explicó el director de 911, Hernán Escobar.
«Uno era fuera de la circunscripción que es un criterio y los otros dos beneficiados no tenían conexión regular en la ANDE, tenían conexión clandestina. Imaginate que yo diga que si puedo colocarle un aparato a una persona que tenga conexión clandestina y este avalando el uso irregular del servicio del Estado» declaró Escobar en entrevista.
El director aclaró que la no implementación de la tobillera, no implica un gasto por el Estado porque la empresa adjudicada si bien tiene 1.000 tobilleras disponibles, el cobro se hace por dispositivo instalado y el costo lo absorbe el beneficiado a no ser que se declare insolvente. Además, alegó que los artefactos solo se pueden instalar a pedido de la defensa del procesado y no de oficio.
Leer la nota completa en Agenda Paraguay