Mientras que el anterior titular universitario sigue asegurando su inocencia, unos 32 funcionarios dependientes del Rectorado de la UNA ya admitieron ante el Poder Judicial haber cometido un ilícito.
Los testimonios de estos funcionarios que eran dependientes del Rectorado embretan al ex titular de la casa de estudios. Incluso, pueden ser utilizados por el Ministerio Público en un eventual juicio oral.
Peralta, quien desde que fue imputado aseguró que era inocente, se enfrenta a una acusación por supuesta lesión de confianza e inducción a un subordinado a un hecho punible.
Entre los que admitieron haber cobrado remuneraciones de forma irregular están inclusive dos familiares de Tatiana Cogliolo, la ex secretaria de Peralta que fungía de profesora de Veterinaria. Su mamá, Gladys Éster Izquierdo, y su hermana Chiara Izquierdo aceptaron hacer recibido salarios indebidamente y deberán devolver a la UNA G. 12.000.000 y G. 1.200.000, respectivamente.
También se encuentra en esa lista el ex presidente del Centro de Estudiantes de Veterinaria y de la Federación de Estudiantes de la UNA, Jesús Roa Cantero, quien deberá devolver a la institución unos G. 40.000.000.
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